El archivo de Salamanca. Cuáles son y qué contienen los papeles de la discordia.

Nuria AZANCOT (EL Cultural)

El 12 de julio se reúne el Patronato del Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca para decidir su futuro. Desde hace años la Generalitat exige la devolución de los papeles catalanes expoliados por las tropas franquistas durante la guerra, y parece que ahora, gracias a la política y sus pactos, pueden conseguirlos. Mientras, el Ayuntamiento de Salamanca reúne más de 29.000 firmas para impedir que se desmembren los fondos, y ya han ido a la ciudad autobuses de intelectuales catalanes que posan ante el Archivo reclamándolos. Pero, ¿quién puede negarse a que vuelvan a sus legítimos dueños documentos así conquistados? ¿O, por el contrario, se puede (o se debe) desguazar el patrimonio histórico nacional? Estamos cruzando una noche oscura que son varias, porque además a esta ceremonia de confusiones múltiples se une el Ministerio de Cultura, que parece no saber muy bien qué tiene el Archivo de Salamanca, y apuesta por crear un gran Museo de la Memoria Compartida.

Lo primero que hay que aclarar es que el Archivo de Salamanca no es, “ni puede ser”, proclama su director, Miguel Ángel Jaramillo, el Archivo de la Guerra Civil, “no sólo porque no existen archivos temáticos dedicados, por ejemplo, a la Guerra de Cuba, sino porque lo concerniente a la guerra está repartido en una decena de archivos públicos”. Por eso, en Salamanca están los papeles de partidos políticos, sindicatos, ayuntamientos; en Madrid, en el Archivo Histórico Nacional, los papeles de la llamada “Causa general”; en el Archivo General Militar de Ávila, datos de las unidades del ejército republicano; los datos de los campos de trabajo franquistas se conservan en el Archivo General Militar de Guadalajara. Por no mencionar los documentos custodiados en el Archivo de Presidencia de Gobierno, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, los de las Audiencias Territoriales, el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, los Históricos-Militares de Barcelona y Segovia, el de Viso del Marqués...

¿Por qué, entonces, es tan importante Salamanca? ¿Qué tesoros custodia? Para empezar, tres millones de fichas y más de 300.000 expedientes de miles de ciudadanos afiliados a un sindicato o un partido político, que se habían significado a favor de la República o eran masones. Salamanca es el archivo de la represión franquista, aunque no exactamente policial sino, como matiza Jaramillo, “de los servicios de información ligados a la cadena represiva del régimen franquista. No era policial en el sentido de que no era una actividad de la Dirección General de Seguridad, sino un organismo ligado a la Presidencia del Gobierno y muy directamente a Carrero Blanco, que tenía la función de informar a la cadena represiva, fundamentalmente al Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo pero también a cualquier otro organismo público que pidiera información de antecedentes político-sociales y masónicos. Es el archivo de la represión sobre los que perdieron la guerra, gente muy de a pie, porque los grandes personajes ya habían salido al exilio o habían sido fusilados o depurados”, subraya.

Tierra quemada
Lo cierto es que, a partir de junio de 1937, las tropas de Franco, a medida que iban conquistando la zona republicana requisaban cuanto documento encontraban en las sedes de los partidos políticos, sindicatos, casas del pueblo, asociaciones y organismos de la República. Se llevaban lo que podían y quemaban el resto sin demasiado criterio. “Sólo fueron sistemáticos de verdad –apunta Jaramillo– en el caso de los masones, uno de los colectivos que más sufrió la represión. En la zona sublevada en el primer momento, como Salamanca o Cádiz o Galicia, no sólo no se incautó documentación, sino que en algunos casos se destruyó en auténticos autos de fe”. Hay quien incluso apunta una audaz teoría: que pudo ser el general Mola quien comenzó a apoderarse de los papeles republicanos que iba encontrando al paso de sus tropas, mientras que las de Franco arrasaban las sedes del “enemigo”. A la muerte de Mola, Franco descubriría este archivo vital para la represión y encargaría su organización a un carlista muy vinculado a Mola, que acabó dirigiendo la Delegación Central de Recuperación de Documentos de Salamanca.

Las incautaciones siguieron el recorrido del ejército de Franco, pero, aunque se dice desde Cataluña (para reclamar sus fondos) que sólo hay documentación de 17 provincias lo cierto es que a medida que iban perdiendo la guerra, los republicanos se llevaban sus archivos con ellos, por lo que la documentación de Madrid, Barcelona y Valencia cubre casi todo el territorio nacional. Por eso no aparece documentación incautada, por ejemplo, en Zamora, pero sí que se encuentra información de esta provincia en Madrid o Barcelona. Más aún, el Tribunal Popular de Euzkadi se incautó en Santander; en la documentación de Vinaroz aparecen documentos de Tarazona o Lérida, y en Barcelona aparece todo lo relacionado con el movimiento libertario de Aragón o las cartas que un puñado de niños de la guerra enviaron a Stalin al llegar a Rusia en 1938. Claro que de Barcelona, las tropas franquistas se llevaron mucho más: los papeles de la Generalitat, para empezar. La documentación requisada acabó en Salamanca porque era, en esos momentos, la sede del Ejército franquista y capital de la España sublevada. Allí no se llevaron archivos completos, sino documentos o fragmentos seleccionados que iban desde actas judiciales a fichas de partidos políticos y numerosos documentos privados que se requisaban en domicilios particulares. Tras la selección, venía el reparto: la que tenía informaciones personales o judiciales se quedó en Salamanca; la que tenía valor administrativo, se remitía al respectivo organismo franquista, como los planos de carreteras, etc. También se devolvieron los papeles encontrados en la Dirección General de Seguridad Republicana sobre gentes de derechas. Y una parte esencial se destruyó, convertida en papel reciclado, como el 90 por ciento de las 160 toneladas requisadas en Cataluña según Josep Cruanyes.

Más aún, recientemente la ministra de Cultura aseguraba que Fraga se había llevado del Archivo todos los papeles relativos a Galicia.

El misterio gallego
Insinuaba Carmen Calvo un trato de favor a los gobernantes del PP, algo que Jaramillo niega: “Desde que esto es Archivo Histórico del Estado, es decir, desde 1979, no se han producido movimiento de documentos salvo para exposiciones temporales. Entregas de documentación no ha habido. Qué barbaridad, si no se incautó ningún documento en Galicia porque fue zona sublevada, si en el archivo sólo aparece Galicia a través de algunos personajes de Madrid que tenían vinculación con los partidos gallegos. ¿Qué quiere?, es una campaña de propaganda, pero en esto de Galicia no hay matices, o es verdad o es mentira, y es mentira. No sé, alguien se está confundiendo con otra cosa, no puede haberlo dicho con otra intención siendo del Ministerio”.

Pero eso es otra historia, una historia que comenzó en 1977, al pasar a depender del Ministerio de Cultura, y más aún cuando en el 79 un Real Decreto dispuso que la Delegación para la Recuperación de Documentos se adscribiese a la Sección Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional. Desde 1999 es el Archivo General de la Guerra Civil.

Con un presupuesto para el pasado ejercicio de 160.000 euros, el Archivo de Salamanca cuenta con plantilla estable de 30 personas, cinco de ellas archiveros, y este año van a disponer de diez contratos temporales de cinco meses y dos becarios. Otra de las acusaciones que se formulan contra el Archivo desde Cataluña es que está desordenado por desidia, algo que niega el historiador Julián Casanova, que frecuentó el archivo en 1979-80, “en un momento en el que el archivo estaba militarizado, había una pareja de la guardia civil a la entrada, y la consulta de documentos dependía de la benevolencia del regente de turno. Volví después en muchas ocasiones y el archivo ha cambiado: está regido por profesionales y se ha hecho una notable labor de catalogación”. Quizá por eso, en 2003 acudieron al archivo 1094 investigadores procedentes en su mayoría de España, y 2237 más hicieron consultas por fax o email. Aunque cualquiera puede acceder físicamente a documentos muy deteriorados, y parte de la catalogación sigue sin actualizar.

180.000 fichas de masones
El archivo está dividido en dos secciones, una especial o masónica, y otra político-social, formado por los fondos existentes en el momento de constituirse como Archivo Histórico Nacional (los de los Servicios Documentales de Presidencia de Gobierno y los del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo), al margen de las adquisiciones posteriores a 1977.

La Sección Especial, también denominada “masónica”, recoge la documentación incautada a las instituciones masónicas y la que se elaboró sobre las mismas, estructurada en tres tipos de expedientes: personales, de logias y de asuntos, complementados por el denominado Fichero General Masónico, que resume su contenido en unas 180.000 fichas, algunas referidas a documentos estremecedores, como una carta en la que un antiguo masón escribe el 17 de junio de 1940 al reverendo José M. Borrás que está “profundamente contrito” y delata a quien le llevó a la logia por primera vez. Claro que también se conserva un informe de la Fiscalía del año 42 denunciando la maldad de los masones porque siempre delataban a quienes ya tenían fichados. El Archivo, que reúne información sobre la masonería en España desde 1869, cuenta con una biblioteca de más de 5000 volúmenes y con una logia masónica con objetos reales confiscados por el franquismo, los mapas de la masonería en España, objetos, símbolos, una Historia de la masonería inédita. El archivo del Tribunal Especial conserva los procesos por los delitos de Masonería y Comunismo desde su creación, en 1940, hasta su desaparición, en 1963.

Por su parte, la sección Político-Social, de mucho mayor volumen, conserva documentación recogida en todo tipo de instituciones u organizaciones republicanas, estructurándose por la zona de procedencia: Alicante 1904-1939 (180 cajas); Aragón, 1938 (145); Barcelona 1939 (1879); Barcelona-Generalitat 1921-39 (507); Bilbao 1797-1939 y 1877-1938 (260); Cádiz, 1910-1939 (6); Cartagena 1936-1938 (60), Castellón 1938 (365), Extremadura 1938 (37); Gijón 1902-1937 (742), Jaén 1936-1949 (33); Lérida 1938 (65), Madrid 1874-1939 (2.783); Santander 1907-1937 (839); Valencia, 1932-39 (220) y Vinaroz 1902-1938 (13 cajas). Hay además 2939 cajas referidas a Prensa y propaganda (1896-1939), 460 con los expedientes político-sociales de correos; 1939 de Información Militar (1913-39), documentación particular (658 cajas); fotografías 1914-1939 (20.067 unidades); biblioteca (19805) y hemeroteca (2.349).

¿Y qué hay en esos cientos de cajas? De todo y nada, si no se sabe buscar, porque siguen catalogadas como en el franquismo, por el lugar de procedencia. Con un problema añadido: la mitad del archivo está microfilmado (toda la documentación asturiana, la del País Vasco, buena parte de Cantabria, toda Andalucía, casi el 90 por ciento de Valencia, parte de Madrid, la relativa a la Generalitat de Cataluña, los carteles, las fotografías), pero para digitalización no hay personal de plantilla. “Nosotros”, reconoce Jaramillo, “digitalizamos durante medio año, que es cuando tenemos contratos. Uno de nuestros proyectos es pasar toda la documentación microfilmada a soporte digital, porque permite volcarla en el portal de los archivos estatales”. También están digitalizadas los 3 millones de fichas o­nomásticas, aunque sólo están en uso medio millón. Por eso, quien quiera consultar algo puede perderse entre las viejas fichas, con una nomenclatura, y el sistema informático, con otra. Así, si nos interesa el tema de las mujeres en la guerra civil, además de buscar en las cajas de cada zona, deberemos consultar hemeroteca, fotografía, carteles y postales, la biblioteca, buscar por personajes...

Oscuro objeto de deseo
Se trata de un fondo casi inabarcable y desigual, que ahora reclama la Generalitat de Cataluña. Conviene precisar que en 1982 se estableció un convenio entre el Estado y Cataluña para la microfilmación de los documentos conservados en Salamanca procedentes de la Generalitat: además de la selección de lo que estaba en Salamanca, de su clasificación, ordenación y descripciones se hizo un inventario y se microfilmó, y una copia microfilmada está hoy en el Archivo Nacional de Cataluña. Y de esos originales, nada más interesante que lo concerniente al Estatuto de Autonomía. Por ejemplo, se conservan las actas de las sesiones celebradas antes y después de su proclamación, los debates sobre la lengua y los límites de la libertad y el comercio; también las de la comisión mixta creada en noviembre de 1932 para inventariar los bienes del Estado central cedidos a la autonomía o la adaptación de los servicios que habían de pasar a la Generalitat. Además, en el apartado de Presidencia se conserva la correspondencia de Francesc Macià desde 1931 como Presidente provisional, las adhesiones que recibió tras el alzamiento del 10 de agosto de 1932, la letra pequeña de la administración de la zona, la correspondencia de Lluis Companys tras la crisis de abril del 37... Por su parte, la documentación del Consell de Gobern permite conocer la organización de los distintos servicios públicos entre 1936 y 1938, lo que sitúa, según los responsables de su catalogación, “en su contexto político, social y económico los problemas de Cataluña en ese periodo, relativos, por ejemplo, a los refugiados españoles en otros países, los castigos a los rebeldes y desertores,”. La mayor parte de los documentos de la Generalitat se refieren a Justicia (213), Defensa (170) y Seguridad Interior (49), mientras que de cultura se guardan 16, y 6 de sanidad.

Pero la situación no es nada sencilla. Así, mientras que Julián Casanova considera “legítimas”las reclamaciones de Cataluña, aun cuando “la documentación está muy dispersa, mezclada y separar lo que pertenece a cada comunidad autónoma u organización política supondría la desaparición del archivo”, para Stanley Payne es “extraño creer que documentos historicos pueden ‘pertenecer’ a ciertas entidades políticas”. Y para Ucelay-Da Cal, “los ‘papeles de Salamanca’ no son más que una pugna por la posesión simbólica del objeto físico, dado que su contenido, las palabras, están ya microfilmado en el caso de la documentación confiscada en Cataluña por las fuerzas franquistas y la misma reproducción (u otras técnicas) se pueden extender al resto, si existe la voluntad del poder público de pagar el esfuerzo . El debate, pues, no es historiográfico, sino político: ¿que vale más, la esencia de la Generalitat de Catalunya republicana o la troncalidad estatal del Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo y sus objetivos en una Salamanca que fue capital del Caudillo? Los ‘papeles’ son una reliquia, en su sentido más literal y religioso”.

Reliquias o no, volvamos a ellos, a los fondos del archivo. En la sección político-social aguardan miles de fichas de personajes anónimos, como Eugenio Rodríguez, que tuvo la mala idea de dar un pollo al Socorro Rojo, o Américo Meana González, cuya ficha figura al dorso de la de Pablo Picasso, y que con 23 años estaba afiliado al PSOE, a JSU y a UGT. De sus pequeñas historias apenas se sabe nada, pero tiznan de pena y muerte. Nada que ver, por ejemplo, con Rafael Alberti, del que se conservan o­nce fichas, en una de las cuales se dice que escribe poesía y que publicó una en “Nuestra bandera”, órgano del PC de Alicante, en 1938 (cp. B-30, fol.121) y en otra, que firmó el manifiesto de los intelectuales antifascistas en solidaridad con el pueblo chino en abril de 1938. En cambio, Azaña sólo tiene 6 fichas. Picasso sólo tiene una, referente a su nombramiento como director del Museo del Prado: “CNT”, núm. 410, pág. 1, 22 de septiembre de 1936. Como el mismísimo general Franco: “General de las Fuerzas Militares de Marruecos, figura en la correspondencia dirigida a Florian Huertas en el año 1935” (leg. 447, exp. 9, fol. 1) De Sánchez Albornoz se guardan dos fichas y Unamuno tiene 5 entradas, aunque la más curiosa sean la primera: “Aparece su nombre en una carta de recomendación a la señorita Natividad Jambrina”; Nin tiene 9 fichas, Bergamín 13 fichas, alguna muy descriptiva de su compromiso con la república, y otra dando cuenta de que ha publicado en una revista un verso provocador, “El mulo de Mola”. Durruti tiene dos fichas, las mismas que Pedro Sainz Rodríguez y una menos que Carrillo y Gregorio Marañón, del que se consigna: “Pronunciará una charla desde la emisora del partido comunista”. Por su parte, de Ramón Pérez de Ayala se conservan 7, que van desde “Escribe una novela en la revista ‘Estudios’, órgano del PC de Valencia (‘Estudios’, car. 91, num. 72, ag. 1929) a “Aparece una copia de oficio dirigido al Sr. Magistrado Juez Especial D. Salvador Alarcón” (leg. 1,741. Tomo 5, folio 455, PS Madrid)

Ridruejo, Armero, Esplá
Dentro del laberinto salmantino, sin la ayuda de los ángeles-conserjes lo más fácil es no reparar en el original de “Vigésimo aniversario de la Unión Soviética” de Antonio Machado, que duerme en la carpeta 87 de Barcelona. Escrito para la radio de Valencia, el poeta, seriamente enfermo, lo dictó a su hermano José aunque tiene correcciones de su puño y letra, y nos muestra un Machado combativo: “Moscou [sic] es hoy el foco activo de la historia”. También de Machado se conserva un poema “A Méjico”, parte del legado de Carlos Esplá.

Porque, en efecto, a los fondos de Salamanca hay que añadir los comprados en la transición, como el de Dionisio Ridruejo (63 cajas) o el de Esplá, amigo de Blasco Ibáñez y Unamuno, periodista y político que murió en México en 1971. A su muerte, sus documentos fueron adquieridos por el Estado español. Y allí apareció parte de la correspondencia de Indalecio Prieto con el presidente mexicano Lázaro Cárdenas o con Roosevelt “para traer de Francia a todos los españoles que quieran venir, sin distinción de edad, sexo, ni mucho menos, de ideología. ¡Todos, todos!”El Estado también adquirió la colección de José Mario Armero, estructurada en dos partes: distintivos, banderas, carteles y simbología por una parte; y entorno social, ambiente y mundo infantil, con juegos, carteles, tarjetas y fotos de las dos zonas en guerra por otra.

Otros fondos han sido donados, como el archivo de Robert Capa: en 1979 el embajador de Suecia en Madrid hizo entrega al subsecretario de Asuntos Exteriores de España de una pequeña maleta con documentos del presidente Negrín que se había depositado durante la guerra en la legación sueca en Vichy (Francia). Junto a los documentos de Negrín, aparecieron 97 originales de la guerra civil de Capa, depositados desde 1992 en Salamanca, y que constituyen la segunda colección más importante del fotógrafo en el mundo. También la Federación Española de Deportados e Internados Políticos, creada en el exilio tras la guerra, donó sus fondos en 1988. Está el manuscrito de Manuel Alfonso (1935-1945), sobre lo vivido en un campo de prisioneros nazis. Y los documentos de la Sección de Información del Estado Mayor Central del Ejercito de la República, y el archivo del Comisario General de la Flota Republicana, Bruno Alonso, con correspondencia con Indalecio Prieto. Y los de la Liga de Mutilados, Inválidos y Viudas de la guerra civil, cedidos a España en 1977.

Por el contrario, sí se compraron los 270 negativos de la fotógrafa Kati Horna, que apenas pudo llevarse al exilio una caja de hojalata con una selección de su obra; los 1032 negativos de Louis-Albert Deschamps, o 3861 imágenes relacionadas con los españoles republicanos en México reproducidas de la colección de los hermanos Mayo. Además, el archivo de Salamanca cuenta con una colección fotográfica de 1010 unidades de la Legión Cóndor; una buena colección de hojas de propaganda de la guerra civil en Cataluña (2120) y un apasionante apartado de fuentes orales, con 127 entrevistas en vídeo y 63 en audio con veteranos americanos de la Brigada Lincoln, así como 515 cintas con 116 entrevistas sobre el exilio español en México. Y los expedientes de depuración de los empleados de Correos, y 99 rollos para la recuperación de archivos del exilio filosófico español en México, y el archivo de José Gaos microfilmado.

Un futuro incierto
El 12 de julio se reúne el Patronato, con el futuro del Archivo en juego. Su director, que parece confiar poco en la política, asegura que “primero el Gobierno tendrá que decidir qué es el archivo, si es una simple acumulación de papeles que al repartirlos no pasa nada, o un archivo fruto de la actividad de un organismo, y por tanto un testimonio histórico que guarda la memoria de los españoles, qué es más importante. Una vez respondida esta cuestión todo es posible...”. ¿Y el Centro de la Memoria Compartida? Aunque asegura que “No debería decir mucho. Hay que hacer distinguir por una parte el archivo actual, y proyectos espléndidos como el Museo de la Memoria Compartida, que no deberían estar ligados a la muerte del archivo actual”. Julián Casanova sí es partidario de “crear un Museo Nacional de la Guerra Civil y no sólo un archivo estimularía un mejor y más amplio conocimiento de la guerra civil. Y lo que sí que debería hacerse de forma inmediata es poner al servicio de los investigadores, como un archivo público más, la documentación conservada en la Fundación Francisco Franco, un asunto mucho más serio y urgente que lo relacionado con el Archivo de Salamanca. Imaginemos que los archivos con documentación sobre Hitler o Mussolini estuvieran en manos de sus familias y al servicio de la ultraderecha”.

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