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MEMORIA HISTÓRICA

La última cuenta pendiente de la democracia. Asociaciones de víctimas reclaman que se anulen las sentencias dictadas por los tribunales fascistas

La última cuenta pendiente de la democracia. Asociaciones de víctimas reclaman que se anulen las sentencias dictadas por los tribunales fascistas Voluntarios de la ARMH exhuman en 2003 la fosa de Valdediós, un hospital psiquiátrico asturiano donde los falangistas mataron a enfermeras por estar sindicadas. (Foto)


La decisión del Gobierno socialista de crear una comisión interministerial para lograr la rehabilitación "moral y jurídica" de los represaliados del franquismo ha generado grandes expectativas entre las asociaciones de víctimas. Sin embargo, casi 30 años después de la muerte de Franco, los sinsabores entre quienes reclaman la recuperación de la memoria republicana y antifranquista son tan fuertes que no se conformarán con un gesto simbólico. Reclaman varios puntos, entre los que están la retirada de todos los símbolos franquistas de las ciudades y pueblos o la creación de una Comisión de la Verdad. Mientras, la familia del dirigente comunista Julián Grimau, fusilado en 1963, espera su rehabilitación, denegada en 1990.

CARLOS E. CUÉ - Madrid
"Es necesario que se entienda que la justicia es lo contrario de la venganza". Ésta es la base de todas las exigencias que plantean las asociaciones de familiares de represaliados del franquismo y exiliados. Tras ocho años de Gobierno del PP, en el que casi todas las peticiones de recuperación de la memoria histórica fueron rechazadas, en este mundo, ya muy conectado por internet, ha corrido con esperanza una noticia. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, nieto de un oficial republicano fusilado por el franquismo, ha decidido crear una Comisión Interministerial para la "rehabilitación moral y jurídica" de los represaliados.

Casi 30 años después de la muerte del dictador, las asociaciones denuncian que, por culpa de un mal entendido concepto de la reconciliación instaurado en la transición, han quedado muchas cosas sin resolver. Y por eso, después de esperar tanto, ahora van a por todas y han elaborado un listado de exigencias que presentarán al Gobierno cuando sean citadas, en las próximas semanas. Éste es un extracto de las reclamaciones del Equipo Nizkor, un grupo de derechos humanos que ha elaborado un documento, La Cuestión de la Impunidad en España y los crímenes franquistas, suscrito por 15 organizaciones, y de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que en los últimos tres años, y sin ningún tipo de ayuda oficial, ha reabierto fosas por toda España hasta recuperar más de 300 cuerpos de paseados.

- Anular la justicia de la dictadura. "España es el único país de Europa que no ha anulado las leyes de un régimen del Eje fascista de los años 40", señala Gregorio Dionis, director del equipo Nizkor. Esas leyes, según recuerdan los tribunales españoles a quienes acuden a ellos, no han sido revisadas, sino sustituidas por otras. Pero cualquier consejo de guerra o juicio sumarísimo del franquismo se considera, a todos los efectos, legal. En los archivos militares figuran unas 500.000 personas que sufrieron prisión y otras 150.000 que murieron fusiladas, según datos aportados por el PSOE en una proposición no de ley presentada hace un año y rechazada por el PP. Todos ellos cometieron el delito de "auxilio a la rebelión". Un sarcasmo del franquismo que consistió en acusar de sedición a quienes habían defendido el orden constitucional sancionado por unas elecciones democráticas.

Basándose en una resolución de la o­nU de 1946, el equipo Nizkor concluye que Naciones Unidas declaró el "carácter criminal" del régimen franquista. Una resolución posterior, de 1950, no anuló esta consideración. Por tanto el equipo Nizkor exige "declarar la nulidad de todos juicios penales y militares por arbitrarios e ilegales" y todas las leyes franquistas.

Cada uno de los miles de casos tiene una familia detrás, unos hijos que, en su mayoría, aún viven. Como Teresa Forjas, hija de dos fusilados en Madrid un 28 de diciembre de 1939, día de los Santos Inocentes. En el libro La Memoria de los Olvidados (Ámbito), cuenta cómo los encontró: "Nos llamaron para darnos los papeles de la tumba de cada uno. Con 16 años, fui a sacar los cadáveres. El de mi padre me hizo sensación, pero más el de mi madre, porque no había calavera, sino un trozo de huesos con pelo. Mi madre no murió del tiro y le machacaron la cabeza a culatazos. Yo lo siento mucho en el alma, pero ni olvido, ni perdono". Estos dos fusilamientos, como todos lo demás, son considerados legales por el orden jurídico español. Sólo una ley específica puede anularlos.

- El Estado debe ocuparse de reabrir las fosas. Hasta ahora, con el único apoyo de las familias y algunos ayuntamientos voluntariosos -siempre gobernados por la izquierda- la ARMH y el Foro por la Memoria, vinculado al PCE, han reabierto fosas por toda España. Algunas víctimas las han identificado con el método del ADN. Se han sacado más de 300 cuerpos. Pero sólo la ARMH tiene más de 2.000 peticiones sin atender, y se estima que hay 30.000 personas sepultadas en cunetas de media España. Es un asunto que supera por completo las posibilidades de las asociaciones. Por eso exigen al Ejecutivo que "elabore una ley de exhumaciones y fije los procedimientos acordes con el derecho internacional de derechos humanos". Además se insta al Gobierno a "poner a disposición de las familias de desaparecidos laboratorios genéticos en los que se puedan practicar las pruebas de identificación por ADN". Y, sobre todo, que se haga cargo de este problema con los medios de la Administración.

El libro Las Fosas de Franco (Temas de hoy) está repleto de historias de personas, algunas muy mayores, cuya última voluntad consiste en sacar a sus seres queridos de una fosa común para honrar su memoria y enterrarlos donde desea la familia. Ángel Garrido y Domingo Pérez fueron sepultados en una fosa común con otras 420 personas en el cementerio de Talavera de la Reina (Toledo) tras un consejo de guerra. La familia nunca lo supo. Los hijos pudieron descubrirlo y colocar una placa hace poco. Pero las dos viudas murieron antes, una en 2001. Sesenta años buscando sin saber que sus maridos estaban a 25 kilómetros de su pueblo, porque nadie les ayudó, ni siquiera en democracia.

Esther Domingo tenía seis meses cuando desapareció su padre en Lleida. Supo la verdad al cumplir los 13. Cuenta su ilusión y su miedo: "Quiero que se reconozca la lucha que ha llevado toda esa gente en silencio. Si él hubiese sido un héroe nacional y no estuviera como un perro tirado por ahí, yo hubiera tenido la posibilidad de estudiar una carrera y muchas cosas más. Para nosotros esto supone mucho, después de 60 años, y nos ilusiona la idea de poder recuperar su cuerpo algún día, como creo que a tanta gente, pero seguro que hay alguien que intentará que esto no llegue a salir a la luz".

No hay legislación sobre esto. Tanto que en una reciente exhumación de tres mujeres asesinadas en una saca en Candeleda (Ávila), la alcaldesa de su pueblo, Poyales del Hoyo, puso problemas para enterrarlas porque en el registro civil no constaban esas defunciones y se negó a buscar un lugar especial en el cementerio porque las consideraba como unas muertas más.

La obsesión del franquismo por borrar todo vestigio del pasado y humillar todo lo posible a los vencidos le llevó no sólo a enterrarlos en fosas comunes inmundas, sino a esconderlas. En la Sima de Jinámar, en Gran Canaria, eran lanzados multitud de fusilados. Después de sellarla, la dinamitaron para borrar todos los vestigios. Y luego la utilizaron como vertedero municipal. Los cadáveres que ahora buscan los familiares están debajo de toneladas de escombros, como sucede en otros muchos lugares de España.

Aún hoy, por ejemplo en Cartagena, la tierra del anterior responsable de Defensa, Federico Trillo, este ministerio niega la reclamación de la familia de uno de los 51 militares republicanos enterrados en la llamada Zona X, una fosa común dentro del cementerio de la localidad. El anterior responsable de Defensa llegó incluso a negar la existencia de esa fosa, de la que hay constancia documental.

- Retirada de todos los símbolos franquistas. Es, sin duda, el asunto que levanta mayor polémica. De hecho, el Gobierno ni siquiera lo ha citado al anunciar la creación de una comisión interministerial. Y sin embargo todas las reclamaciones exigen la retirada de los símbolos de la dictadura. No sólo del callejero de miles de ciudades y pueblos en toda España, que sigue honrando a generales sublevados y torturadores. La semana pasada, el diputado socialista Alfonso Guerra, presidente de la Fundación Pablo Iglesias, admitía en los pasillos del Congreso la dificultad de convencer a muchos gobiernos locales -el alcalde de A Coruña, el socialista Francisco Vázquez, rechazó recientemente una proposición del BNG en este sentido-. "En Alemania o Francia esto ni se plantea, pero éste es un país muy complicado, hay que ir con cuidado y poco a poco", comentaba Guerra.

Además de las calles, el dictador tiene todavía casi una decena de estatuas a la vista del público, algo implanteable en Francia, Italia o Alemania. El profesor de la Uned Jesús de Andrés se ha dedicado a catalogarlas y estudiarlas. Hay una muy conocida en Madrid, frente a Nuevos Ministerios, otra en la Capitanía General de Valencia, otra en la Plaza del Ayuntamiento de Santander, otra en una plaza de Guadalajara, Melilla, Academia Militar de Zaragoza.

- Valle de los Caídos. Pero el monumento que más discordia siembra es el Valle de los Caídos. Veinte años costó construir la que acabaría siendo la descomunal tumba de José Antonio y el propio Franco, que allí descansa. Pocos españoles lo visitan, aunque se ve desde casi toda la sierra madrileña. Más bien son extranjeros que llegan a un monumento único: un país democrático honra a su último dictador con un costosísimo mausoleo mantenido por Patrimonio del Estado.

Más de 1.200 presos políticos sudaron para construir ese monumento que les recordaba cada día, y para siempre, su derrota. Nadie pide que se derribe. La ARMH reclama sencillamente que una placa y una exposición en la nave central recuerde a esos 1.200 presos que perdieron entre esas piedras su juventud y su salud. Nada recuerda ahora mismo que ese monumento a los "caídos por Dios y por España" lo construyeron los del otro bando, trabajando en un régimen de redención de penas prácticamente esclavista.

También se reclama la "señalización de todas las obras públicas o privadas construidas por presos políticos así como la previsión de indemnizaciones a los supervivientes a las que deberían contribuir todas aquellas empresas privadas que se vieron enriquecidas por el trabajo de una mano de obra forzada".

Porque no sólo Franco utilizó a estos esclavos, también dejó que los usaran los empresarios más cercanos al régimen. Para ver el dolor que causan los símbolos franquistas, basta recordar a Mari Carmen Ponce, de Orbe (A Coruña). Su padre, un guerrillero, fue asesinado cuando ella tenía cinco años. La mujer sigue en el mismo pueblo, en la misma casa. Aún hoy, su calle se llama del Generalísimo.

- Gran acto público y Comisión de la Verdad. Es algo que nunca se hizo en España. Sólo la ARMH y un grupo de artistas, por su cuenta y riesgo, organizaron este verano en Rivas-Vaciamadrid, gobernado por IU con apoyo del PSOE, un gran acto de reconocimiento a los que lucharon por preservar la II República, el régimen constitucional. Ni el Estado, oficialmente, ni el Gobierno han hecho ningún homenaje. También eso piden. Y una Comisión de la Verdad, como en Argentina, que haga una gran investigación de la Guerra Civil y asiente una verdad única, aprobada por el Parlamento, para evitar las "tesis revisionistas" que han tenido éxito editorial últimamente, como la de Pío Moa.

También exigen que en los colegios españoles se dé más importancia al periodo de la represión en los programas de historia que siguen los niños. Y que se cree un museo de la Guerra Civil.

El equipo Nizkor concluye: "Ninguna sociedad puede sobrevivir al desconocimiento de su propia historia, por horrible que esta sea".

CARLOS E. CUÉ (EL País)
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